Jack Loeb Casanova, Rodrigo Chaves y Sofía Agüero Salazar. CRH
Jack Frederick Loeb Casanova, financista de la campaña de Rodrigo Chaves, recibió al menos 12 transferencias bancarias a sus cuentas provenientes de dos empresas extranjeras por $278 mil antes de trasladarle cerca de $198 mil a Sofía Agüero como aportes para impulsar la candidatura del hoy presidente de la República.
El informe final del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos (DFPP) del Tribunal Supremo de Elecciones, sobre la investigación de presuntas irregularidades en el financiamiento que tuvo Chaves previo a las elecciones del 2022, recoge información obtenida de cuentas bancarias de Loeb y de Sofía Agüero Salazar, quien laboró como asistente del entonces candidato en la campaña.
Los movimientos de dinero entre Loeb y Agüero son calificados por el TSE como la segunda estructura paralela que manejó el Partido Progreso Social Democrático (PPSD) para llevar dinero al entorno de su candidato al margen de la legislación y la vigilancia del DFPP.
Desde el 27 de enero y hasta el 15 de diciembre del 2021, el empresario recibió dinero de la compañía panameña Grupo Santiago y de International Holland Global Enterprises, así como otras cuentas del Prival Bank, entidad donde administraba su dinero.
Practicamente al mismo tiempo, el empresario transfería los dineros a las cuentas de Agüero para que se usaran en el financiamiento de la campaña.
El documento, que ahora está en manos de la Fiscalía General para indagar si se cometieron delitos electorales por parte de Chaves y figuras políticas cercanas, destaca que desde ese origen Loeb recibió al menos $278 mil, dinero que posteriormente envió en diferentes tractos a la cuenta que Agüero tenía en el Banco Nacional (BN).
“De esta cuenta en dólares, se transfirió a la cuenta en dólares de la señora Sofía Agüero -abierta en el Banco Nacional de Costa Rica- montos que ascienden a $208.844,00 (doscientos ocho mil ochocientos cuarenta y cuatro dólares americanos exactos), en cuya descripción se indica, entre otras: “DONACIÓN CAMPAÑA RCH”, “CAMPAÑA RCH” y “CAMPAÑA POLÍTICA”, apunta el informe.
Loeb también fue el constituyente del Fideicomiso Costa Rica Próspera (CRP), la otra estructura paralela -administrada por ATA Trust Company- que manejó recursos sin supervisión del TSE para promover la candidatura de Chaves.
Registró débitos desde los $10 mil hasta uno de $60 mil, ejecutado el 15 de diciembre del 2021.
En el oficio DFPP-0248-2022 del 4 de marzo de 2022, el TSE solicitó la apertura de un estudio sobre su solvencia económica dado que, “resultaba necesario determinar el origen y trazado de los recursos que, conforme a lo revelado por el partido Progreso Social Democrático, él habría aportado al partido político en el marco de las Elecciones Nacionales de 2022″.
Analizados estos movimientos se determinó que él habría contribuido a esa agrupación por un ₡61,6 millones pero con movimientos oficialmente reportados como donaciones en especie.
Por su parte, Agüero, quien para ese monto percibía un salario de $600, movilizó esas millonarias sumas de su cuenta del BN a otra que tenía en Coopenae desde donde empezó a ejecutar pagos relacionados con fines político-electorales en beneficio del ahora presidente y de su padre que se postuló para diputado, puesto que finalmente alcanzó.
“En adición a estos movimientos, se conoce que la señora Sofía Agüero Salazar habría gestionado y pagado a la empresa Gabinete de Comunicación y Gestión del Talento S.A., cédula de persona jurídica n.º 3-101-745664, distintos servicios publicitarios, entre noviembre y diciembre de 2021, presuntamente en beneficio de la candidatura a diputación de su padre, el señor Julio Ubaldo Agüero Sanabria; al menos, por 2.994.017 (dos millones novecientos noventa y cuatro mil diecisiete colones con doce céntimos) y $2.825,00 (dos mil ochocientos veinticinco dólares americanos exactos)”, detalla el expediente.
¿Qué es Grupo Santiago?
Uno de los principales orígenes de fondos que obtuvo Loeb previo a dirigir dinero a la campaña del PPSD, fue de la empresa Grupo Santiago, una compañía ubicada en Costa del Este, Panamá dedica al negocio de alquileres y ventas de locales comerciales, galeras, terrenos y apartamentos, tal como lo indica la descripción de la compañía en su sitio web.
“Desde el año 1977 al 2000, fuimos contratistas del Gobierno de los Estados Unidos trabajando en áreas de la antigua Zona del Canal de Panamá y en bases militares norteamericanas. En la Comisión del Canal de Panamá, construimos y remodelamos estructuras de acero , cubiertas para edificios y sistemas de seguridad de protección devengabas y puertas.
Desde el año 1990 al 2005, nos dedicamos a la construcción de acueductos, gimnasios y centros de educación y salud en áreas de difícil acceso en las provincias del Darién, Bocas del Toro y Veraguas.
Desde el año 2005 hasta la fecha, nos hemos dedicado a la administación y desarrollo de obras privadas para uso comercial y residencial, pertenecientes a nuestro grupo privado Grupo Santiago Design It. Build It. Enjoy It”, describen en su página.
También figuran en construcción de obra pública licitada por diferentes instituciones gubernamentales como la Autoridad Portuaria Nacional, el Ministerio de Salud, la Autoridad del Canal de Panamá, el Ministerio de Educación, entre otras.
Sobre International Holland Global Enterprises no se encontraron reseñas en internet o algún sitio oficial de una empresa que tenga ese nombre, por lo que se desconoce en cuál industria trabaja.
Confirmó donaciones
En una de las solicitudes que se le hicieron al financista y constituyente del cuestionado fideicomiso, el TSE le solicitó aclarar si las aportaciones que se identificaron como donaciones en especie otorgadas directamente por él a la agrupación política iban destinadas a impulsar a algún candidato y aportar estados de cuentas de esos fondos movilizados para esos fines, a lo que respondió que “los aportes en especie de los meses de diciembre de 2021 y enero 2022, como una ayuda a un candidato a diputado del PPSD”.
También le pidieron detallar y respaldar documentalmente las actividades que le habrían permitido la generación de recursos económicos para otorgar las donaciones que según él eran por $106 mil, a lo que contestó que sus ingresos provenían del sector turístico, bancario y agrícola.
“Para comprobar su solvencia, aporta una certificación de ingresos de un Contador Público Autorizado que acredita sus ingresos provenientes de liquidación de inversiones, dividendos, dietas e ingresos por participación en sus sociedades, registrados en una cuenta abierta en Prival Bank”, apunta el escrito final.
No obstante, nunca incluyó nada relacionado con las empresas de las que recibió dinero antes de sus donaciones, por lo que no quedó claro si eran parte de su cartera de clientes o socios comerciales.
De momento el TSE también desconoce qué relación tienen estas empresas con Loeb y si el dinero que recibió de ambas era para redireccionarlo para el apoyo a Chaves, pero los depósitos y posteriores movimientos se ejecutaron en el mismo rango de fechas.
Al menos ₡372 millones, que estuvieron al margen del control oficial del TSE, se destinaron para impulsar la campaña de Rodrigo Chaves Robles por medio de dos estructuras paralelas, descubiertas en la investigación que el órgano rector hizo.
El informe final confirma que Chaves y el resto de involucrados en el expediente utilizaron esa figura para percibir donaciones de personas extranjeras y personas jurídicas.
También que se usaron las estructuras paralelas para ejecutar el pago de bienes y servicios sin que estas operaciones pasaran por las cuentas oficiales del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), que albergó a Chaves como su candidato en el 2022, para no ser detectados por el ente rector electoral.
El TSE determinó que parte del dinero que acuerpó el transitar de Chaves provino de al menos 9 financistas, quienes usaron sociedades anónimas, un fideicomiso y cuentas bancarias de Sofía Agüero para “potenciar las aspiraciones políticas de Rodrigo Chaves”.
El Tribunal plantea en su informe que le corresponderá al Ministerio Público determinar si se incurrió en el delito de legitimación de capitales.
El documento define claramente presuntos delitos electorales por violaciones a los artículos 273, 274 y 275, que tienen como castigo penas de entre 2 a 6 años de cárcel. Pero, además, hace la salvedad de que, a la luz de toda la prueba que están enviando a la Fiscalía, no descartan que también se cometieran delitos de tipo penal como los tipificados en los artículos 329, 330 y 331 del Código Penal, además de presunta legitimación de capitales.
Source
Carlos Castro
